En Español: Ningún Paciente Está a Salvo del Plan de Medicamentos Recetados del Secretario Azar – In English: No Patient is Safe From Secretary Azar’s Prescription Drug Plan
Por MARIO H. LOPEZ / By MARIO H. LOPEZ

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Mario H. Lopez

NUEVA YORK, NY — NEW YORK, NY —  9 Febrero 2019 – February 9, 2019 — De acuerdo con una encuesta que recientemente llevó a cabo la fundación “Kaiser Family Foundation”, alrededor de ocho de cada diez estadounidenses opinan que los medicamentos recetados cuestan demasiado. Para reducir los costos de los medicamentos, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, recientemente propuso cambios radicales al Medicare.

Infortunadamente, dicha propuesta no es la solución que los pacientes estaban esperando. La reforma reduciría los costos de algunos medicamentos, pero a su vez dificultaría para los pacientes de bajos recursos (o no asegurados) obtener mejores tratamientos.

Docenas de miembros del Congreso en función y los recién elegidos en sus recientes campañas prometieron proteger y ampliar el acceso a la atención médica. Deberían honrar ese compromiso y presionar al Secretario Azar para que retire la propuesta.

La propuesta modificaría la Parte B de Medicare que paga los tratamientos contra el cáncer y otros medicamentos avanzados administrados en centros ambulatorios, tales como en consultorios médicos u hospitales. 

En la actualidad, los médicos y hospitales compran estos medicamentos por adelantado, los almacenan en el sitio, y después los administran a los pacientes. El mantener una gama de medicamentos en el sitio permite a los médicos ajustar rápidamente las dosis de tratamiento si el peso de un paciente o el análisis de sangre del mismo cambian inesperadamente. Solamente después que los médicos dispensan los medicamentos es cuando facturan al Medicare por el reembolso de los mismos. 

Bajo el sistema propuesto, los médicos y hospitales ya no comprarían los medicamentos de la Parte B sino que Medicare contrataría a proveedores del sector privado quienes serían los que comprarían los medicamentos al por mayor de las compañías farmacéuticas y después éstos se los entregarían a los médicos. Los médicos tendrían que enviar un pedido al proveedor cuando necesiten los medicamentos.

Estos intermediarios corporativos van a crear una capa adicional de burocracia que casi se puede asegurar va a dilatar el tratamiento para muchos pacientes. Es posible que pacientes enfermos tengan que hacer repetidos viajes al consultorio del médico si el proveedor no pudo entregar a tiempo una dosis particular para una cita.

La propuesta también cambiaría la forma en que los médicos son compensados por administrar los medicamentos. En la actualidad, los médicos reciben una cuota equivalente al 4,3 por ciento del precio de venta promedio de cualquier medicamento que estos dispensan. Esto ayuda a cubrir los costos de almacenamiento, envío y otros generales. Según el Plan del Secretario Azar, los médicos recibirían una tarifa fija sin importar cuales medicamentos administran.

Para las clínicas que administran una cantidad superior a la media de medicamentos de vanguardia y relativamente caros, el cambio a una tarifa fija representa esencialmente un recorte a los reembolsos. Muchos médicos y clínicas de hecho ya están perdiendo dinero o apenas se quedan igual con los pacientes de Medicare. Cualquier recorte adicional sería como dice el proverbio la paja que quebró la espalda del camello. La última vez que el gobierno federal recortó los reembolsos de la Parte B, casi la mitad de los oncólogos se vieron obligados a rechazar pacientes, según la sociedad “American Society of Clinical Oncology”.  

El cierre de clínicas y los retrasos en el tratamiento van a perjudicar a las comunidades marginadas en particular.

Por ejemplo, los hispanos tienen más del doble de probabilidades que los blancos no hispanos de vivir en la pobreza.   Estos sufren tasas más altas de enfermedades crónicas y tienen peores resultados de salud en comparación con sus semejantes blancos no hispanos.   También es más probable que ellos dependan de clínicas comunitarias –precisamente los tipos de instalaciones que serán las más afectadas por la reforma del Secretario Azar.

Los cambios propuestos al Medicare no sólo van a perjudicar a los pacientes aquí y ahora sino que van a debilitar el incentivo para desarrollar nuevos medicamentos, privando así a las personas de futuros tratamientos y curas.

El Secretario Azar pretende vincular los pagos de medicamentos de la Parte B, que actualmente se basan en los precios de venta de medicamentos promedios en los Estados Unidos, con los precios que pagan otros países desarrollados, tales como: el Reino Unido, Francia y Canadá, donde los medicamentos son significativamente menos costosos. Se espera que la reforma reduzca el gasto de los medicamentos de la Parte B hasta en un 30 por ciento. 

Otros países pagan menos por medicamentos sofisticados porque ellos imponen estrictos controles de precios a los medicamentos. El Comité de Precios de Productos de la Salud de Francia [Comité Économique des Produits de Santé] tiene una autoridad significativa para dictar los precios de los medicamentos, al igual que la Junta de Revisión de Precios de Medicamentos Patentados de Canadá [Canada’s Patented Medicine Prices Review Board].   Los reguladores británicos ni siquiera aprobarían un medicamento para la venta a menos que el fabricante baje su precio por debajo de cierto umbral decidido arbitrariamente. 

Los controles de precios frenarán la innovación futura. Se requiere $2,6 mil millones solamente para traer un nuevo medicamento al mercado.   Poner topes artificiales a  los precios haría casi imposible para los investigadores recuperar esta considerable inversión. Existe una razón por la que los Estados Unidos desarrolla la mitad de los nuevos medicamentos del mundo — porque valoramos los medicamentos de manera justa. Si la propuesta del Secretario Azar se llega a implementar, daría lugar a la disminución de la inversión para investigaciones y menor cantidad de nuevos tratamientos llegarían a los pacientes. 

Esta es una noticia sombría para las personas que padecen cáncer y otras enfermedades fatales que siguen siendo sumamente difíciles de tratar.

Los votantes quieren una atención médica más asequible, pero no quieren que esos ahorros se produzcan a expensas de los pacientes vulnerables. El Congreso ejerce un inmenso poder sobre el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Depende de los legisladores que cumplan sus promesas y protejan a los beneficiarios del Medicare.

Mario H. López es Presidente del Hispanic Leadership Fund [Fondo para el Liderazgo Hispano], una organización en defensa de las políticas públicas, que promueve la libertad, la oportunidad y la prosperidad para todos los estadounidenses.

                                                          # # # # #

Eight in ten Americans think prescription drugs cost too much.  To drive down drug costs, Health and Human Services Secretary Alex Azar proposed sweeping changes to Medicare.

The proposal isn’t the solution patients have been waiting for. The reform would lower drug costs, but only by making it harder for underserved patients to secure the best treatments.

Congress promised to protect and expand access to health care. It should honor that pledge by pressuring Sec. Azar to shelve the proposal.

The proposal would overhaul Medicare Part B, which subsidizes cancer treatments and other advanced drugs administered in outpatient settings.

Currently, doctors and hospitals purchase drugs up-front, store them on-site, and administer them to patients. This enables physicians to quickly adjust treatment doses if a patient’s weight or bloodwork changes unexpectedly. Only after dispensing the medicines do physicians bill Medicare for reimbursement.

Under the proposed system, Medicare would contract with private-sector vendors, which would purchase drugs in bulk and deliver them to doctors. Doctors would have to submit an order to the vendor whenever they need medicines.

These middlemen will almost certainly delay treatment for many patients. Sick patients might have to make repeated trips to the doctor’s office if the vendor wasn’t able to deliver a particular dose in time for an appointment.

The proposal would also change how doctors are compensated. Currently, physicians receive a fee equal to 4.3 percent of the average sales price of whatever drug they’re dispensing. This helps cover storage, shipping, and other overhead costs. Under Sec. Azar’s plan, physicians would receive a flat fee regardless of what medicine they administer.

For clinics that administer an above-average amount of cutting-edge, relatively expensive medicines, the switch essentially represents a reimbursement cut. Many doctors and clinics already lose money on Medicare patients. Further cuts could be the proverbial straw that broke the camel’s back. The last time the federal government slashed Part B reimbursements, almost half of oncologists had to turn away patients, according to the American Society of Clinical Oncology.

Clinic closings and treatment delays would particularly harm underserved communities.

For example, Hispanics are twice as likely as non-Hispanic whites to live in poverty.  They suffer higher rates of chronic disease than their non-Hispanic white peers. They’re also more likely to rely on community clinics — precisely the kinds of facilities that will be hit hardest.

The proposed changes would also weaken the incentive to develop future treatments and cures.

Sec. Azar wants to tie Part B drug payments — which are currently based on drugs’ average sales prices in the United States — to prices paid in other developed countries, including the United Kingdom, France, and Canada, where drugs are less expensive. The reform is expected to cut Part B drug spending by 30 percent.

Other countries pay less for medicines because they impose strict price controls on drugs. France’s Health Products Pricing Committee has significant authority to dictate drug prices, as does Canada’s Patented Medicine Prices Review Board. British regulators won’t even approve a drug for sale unless the manufacturer drops its price below certain arbitrary thresholds.

Price controls stifle innovation. It takes $2.6 billion to bring one new drug to market.  Artificial price caps make it nearly impossible for researchers to recoup this considerable investment. If Sec. Azar’s proposal were implemented, research investment would decline and fewer new treatments would reach patients.

Voters want more affordable health care — but not at the expense of vulnerable patients. It’s up to lawmakers to fulfill their promises and protect Medicare beneficiaries.

Mario H. Lopez is president of the Hispanic Leadership Fund, a public policy advocacy organization that promotes liberty, opportunity, and prosperity for all Americans.

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